Atendiendo a la información facilitada por el Banco de España y por el Centro de Investigación Remesas.org, más de siete mil millones de euros fueron enviados a lo largo de 2009 como remesas desde España al extranjero (principalmente a países latinoamericanos). De esta forma, España se ha situado como el país líder de Europa continental en el envío de remesas, por delante de países en los que la inmigración se encuentra más consolidada, como es el caso de Francia o Alemania. Considerando que el importe medio de una remesa en nuestro país se aproxima a los trescientos cincuenta euros, el año pasado se llevaron a cabo desde España más de veinte millones de operaciones de envío de dinero al extranjero.
Estas operaciones de envío de dinero han venido siendo realizadas a través de las entidades de crédito (bancos, cajas de ahorros y cooperativas de crédito) y de los establecimientos de cambios de moneda y gestión de transferencias con el exterior. Estos últimos han operado tradicionalmente a través de agentes exclusivos, en muchos casos pequeños empresarios que regentan locales en los que se encuentran instalados locutorios telefónicos.
El pasado mes de diciembre entró en vigor la Ley 16/2009, de 16 de noviembre, de servicios de pago, que ha introducido importantes novedades en el envío de remesas y en sus operadores, con los objetivos de estimular la competencia -flexibilizando los requisitos para la constitución de remesadotas- y aumentar la seguridad de los usuarios de estos servicios.
Entre las principales novedades se encuentran las siguientes: (i) la reducción del requisito de capital social exigido para entidades que vayan a prestar el servicio de envío de dinero, que queda situado en veinte mil euros, frente a los trescientos mil euros requeridos anteriormente; (ii) la posibilidad de que estas entidades realicen, además de las actividades relacionadas con el envío de dinero, otras actividades económicas distintas siempre que se respeten una serie de previsiones encaminadas a garantizar los intereses de los usuarios de los servicios de pago; (iii) la liberalización del régimen de agentes, acabando con la exclusividad que venía exigiéndose hasta ahora; y, (iv) la simplificación de los requisitos exigidos a otras empresas autorizadas en otros estados de la Unión Europea para que puedan prestar servicios en España.
Estas modificaciones han sido bien acogidas por empresas que inicialmente y debido a las grandes barreras de entrada existentes con anterioridad (costes, exclusividad de los agentes, etc), no se habían planteado entrar en el negocio de las remesas. Sin embargo, en la situación económica actual en la que resulta más necesario que nunca abrir nuevas líneas de negocio para diversificar las fuentes de ingresos, numerosas empresas pertenecientes muy a distintos ámbitos (desde grandes empresas de distribución y servicios hasta compañías de telecomunicaciones) se encuentran explorando la posibilidad de adentrarse en el negocio de las remesas atraídas por el potencial de este sector (masa de clientes, número de operaciones, etc.) y con la intención de aprovechar las sinergias que pueden producirse con sus estructuras de negocio actuales. Aunque hay que esperar a la decisión final que tomen las distintas empresas interesadas, parece que el sector de las remesas se encuentra en auge y verá la aparición de nuevos actores en los próximos meses.
Artículo publicado en el diario Expansión el 31 de enero de 2011 y escrito junto con Gloria Hernández Aler, Socia del Deparamento Regulatorio de Deloitte.
