Mi pequeña aportación al manual "La administración de las sociedades de capital desde una perspectiva multidisciplinar". Muy agradecido al Profesor Guillermo Velasco Fabra por dejarme participar en esta obra.
Introducción:
La falta de preparación
de los miembros de los órganos de administración y alta dirección de las
entidades de crédito han sido señalada como uno de los motivos principales que
desencadenó la crisis financiera de 2008. En este sentido, en el Informe del Grupo
de Alto Nivel sobre la Supervisión Financiera en la Unión Europea publicado el
25 de febrero de 2009, conocido como el Informe Larosière (debido a que la
presidencia del Grupo de Trabajo recayó en D. Jaques de Larosière), se señala
que “los errores en la evaluación y en la
gestión del riesgo se vieron agravados por el hecho de que también fallaron los
controles y equilibrios de la gobernanza corporativa. Numerosos consejos de
administración y altas direcciones de entidades financieras no comprendieron las
características de los nuevos productos que estaban gestionando, que
presentaban un alto grado de complejidad, ni fueron conscientes del riesgo
agregado al que estaban expuestas sus empresas, lo que los llevó a subestimar
seriamente los riesgos que estaban asumiendo. Muchos miembros de los consejos
de administración no ejercieron con la suficiente diligencia su papel de
supervisión o de control de la gestión. Tampoco lo hicieron los propietarios de
esas empresas, es decir, sus accionistas[1]”.
Una de las cuestiones que debía afrontarse en la futura regulación, según el
citado informe, era revisar y fortalecer el criterio de “aptitud y
honorabilidad”, “con el fin de garantizar
que los equipos directivos y los consejos de administración de los bancos
posean las competencias necesarias para comprender plenamente los complejos
instrumentos y métodos con los que trabajan sus entidades”[2].
Aunque en nuestro país se
centró este debate principalmente en la cualificación de los rectores de las
Cajas de Ahorro nos encontramos ante una cuestión transnacional y que afectaba
a los administradores y directivos de las entidades de crédito en su conjunto,
motivo por el que se vinieron a establecer medidas específicas de refuerzo en
esta cuestión respecto del régimen anterior, exigiéndose a los consejeros no
sólo competencias de carácter técnico sino también de honorabilidad comercial y
profesional que les permitan ejercer un buen gobierno de las entidades[3].
De esta manera “la evaluación de la idoneidad de los
consejeros y directivos se presenta como una pieza fundamental para el buen
gobierno de las entidades y el supervisor, (…) en tanto que afecta a su
eficacia e influye sobre la calidad de sus decisiones y su capacidad para
promover efectivamente el interés social, en el marco de una gestión sana y
prudente de la entidad, bajo criterios de independencia”[4].
Otra de las cuestiones
que se pusieron de manifiesto en la crisis financiera fue la conveniencia de
intensificar la supervisión del sector bancario a nivel transnacional con
objeto de establecer disposiciones comunes a las entidades crédito
participantes en una economía cada vez más globalizada. En sede europea[5] se promulgó en
consecuencia el cambio del modelo de supervisión modificado por medio del
Reglamento (UE) nº 1024/2013, del Consejo, de 15 de octubre, que aprobó el
Mecanismo Único de Supervisión (MUS), compuesto por el Banco Central Europeo y
las Autoridades Nacionales de Supervisión, entre las que se encuentra el Banco
de España[6].
Tras la entrada en vigor
del nuevo marco de supervisión en noviembre de 2014 el Banco Central Europeo ha
quedado como responsable de la supervisión directa de las entidades
significativas y por tanto de la evaluación de la idoneidad de los consejeros y
directivos de éstas, y el Banco de España como responsable de la supervisión
directa de las entidades menos significativas y por tanto de la evaluación de
la idoneidad de los altos cargos de éstas. No obstante lo anterior, y con
independencia de la calificación como significativa o no significativa,
corresponde al Banco Central Europeo las autorizaciones de creación de nuevas
entidades o la toma de participaciones significativas en cuya tramitación se
procede a la evaluación de idoneidad de los altos cargos de las nuevas
entidades y/o de sus sociedades matrices.
La regulación de esta
materia en el ordenamiento jurídico español se encuentra recogida en (i) la Ley
10/2014, de 26 de junio, de ordenación, supervisión y solvencia de las
entidades de crédito -en adelante, la “LOSSEC”-
(artículos 24 a 27); (ii) el Real Decreto 84/2015, de 13 de febrero, por el que
se desarrolla la Ley 10/2014, de 26 de junio -en adelante, el “RD 84/2015”- (artículos 29 a 35), y; la
Circular 2/2016, de 2 de febrero, del Banco de España, a las entidades de
crédito, sobre supervisión y solvencia –en adelante, la “Circular 2/2016”- (normas 30 a 35). Con este conjunto de normas se ha
completado la adaptación del ordenamiento jurídico español a la normativa
comunitaria en materia de gobernanza de entidades de crédito promulgada con
posterioridad a la crisis financiera[7].
En la interpretación y
aplicación del régimen del Derecho Positivo resulta de gran importancia y
utilidad conocer las indicaciones emitidas por los organismos supervisores al
respecto[8], si bien como señala el
Profesor Espín Gutiérrez[9], los mismos no son
documentos jurídicamente vinculantes y no pueden sustituir en modo alguno los
requerimientos legales previstos en la legislación nacional o de la UE
aplicable.
[1] Informe del Grupo de Alto Nivel
sobre la Supervisión Financiera en la Unión Europea, 25 de febrero de 2009,
epígrafe 23.
[2] Informe Larosière, epígrafe 64.
[3] En este sentido el considerando 54
de la Directiva 2013/36/UE, señala que “a
fin de subsanar el posible efecto perjudicial de unas estructuras de gobierno
corporativo mal concebidas sobre una gestión cabal del riesgo, conviene que los
Estados miembros introduzcan principios y normas que garanticen una vigilancia
efectiva por parte del órgano de dirección, fomenten una cultura adecuada en
todos los niveles de las entidades de crédito y las empresas de servicios de
inversión y permitan a las autoridades competentes vigilar la idoneidad de los
mecanismos de gobierno interno (…)”.
[4] LÓPEZ EXPÓSITO, A.J.: “La idoneidad para el desempeño de los
administradores y de determinados puestos claves”, en Gobierno Corporativo
de las Entidades de Crédito (pags. 409 – 436), Aranzadi, 2016.
[5]
El Considerando Segundo del Reglamento (UE) 2014/2013 señala en el sentido
apuntado que “la
crisis financiera y económica actual ha puesto de manifiesto que la
fragmentación del sector financiero puede suponer una amenaza para la
integridad de la moneda única y del mercado interior. Por tal motivo, es
fundamental intensificar la integración de la supervisión del sector bancario a
fin de reforzar la Unión, restablecer la estabilidad financiera y sentar las
bases para la recuperación económica”
[6] Este Reglamento fue objeto de
desarrollo posterior por el Reglamento (UE) nº 468/2014, del Banco Central
Europeo, de 16 de abril de 2014.
[7] Reglamento (UE) nº 575/2013, del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, sobre los requisitos
prudenciales de las entidades de crédito y las empresas de inversión, y por el
que se modifica el Reglamento (UE) nº 648/2012, y la Directiva 2013/36/UE del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, relativa al acceso a
la actividad de las entidades de crédito y a la supervisión prudencial de las
entidades de crédito y las empresas de inversión, por la que se modifica la
Directiva 2002/87/CE y se derogan las directivas 2006/48/CE y 2006/49/CE.
[9] ESPÍN GUTIÉRREZ, C.: “La idoneidad de los altos cargos de las
entidades de crédito”, en Derecho de Sociedades y de los Mercados
Financieros – Libro homenaje a Carmen Alonso Ledesma (pags. 1015 – 1044), Iustel,
2018.
